Parte 4 de 5
El letrado de la Comisión de Educación del Congreso avisó por escrito de que aquella enmienda no guardaba la menor relación con la ley en la que se quería insertar. PSOE y Sumar la admitieron a trámite igual, el 30 de septiembre de 2026, y cinco días más tarde se disolvieron las Cortes y decayó sin llegar a votarse. Detrás hay cuatro años de recorrido: la Ley de Memoria Democrática es del 19 de octubre de 2022, la instrucción que la ensanchó es del 25, y el Tribunal Supremo le había suspendido los efectos electorales tres semanas antes de aquella reunión.
La Mesa de la Comisión de Educación del Congreso se reunió el 30 de septiembre de 2026 y despachó el asunto en diez minutos. Admitió a trámite la enmienda nº 63 al proyecto de ley educativa por tres votos contra dos, los dos del PSOE y el de Sumar frente a los dos del PP.[1]
La enmienda se había registrado el 16 de septiembre. Es de Sumar, la formación de Yolanda Díaz, y la presentaron diputados de Izquierda Unida dentro de ese grupo. Lo que pedía era elevar a rango de ley la presunción de exilio de la instrucción firmada por Sofía Puente, la que el Supremo había paralizado. Lo pedía desde el articulado de un texto que regula la enseñanza y que nada tenía que ver con quién puede votar.[1]
Antes de que la Mesa se pronunciara, el letrado de la Comisión, Fernando Dorado, había puesto su objeción por escrito. Entre el objeto del proyecto de ley y la enmienda no existía, concluía, «el mínimo punto de conexión material», y recordaba la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el carácter subsidiario de toda enmienda respecto del texto que enmienda. El informe es suyo, como letrado de la Comisión; la prensa lo atribuyó al cuerpo de letrados del Congreso.[1]
El informe no era vinculante. La Mesa podía apartarse de él sin incumplir nada, y se apartó. Pero el documento está firmado y fechado antes de la votación, y en él consta que la enmienda no guardaba relación con la ley en la que se insertaba. PSOE y Sumar la tramitaron con esa advertencia encima de la mesa. Que el blindaje se buscara ahí, y con ese aviso delante, es lo más cerca que este caso llega de una prueba de intención.[1]
La votación en Comisión estaba fijada para el 14 de octubre. El 5 de octubre se disolvieron las Cortes y la enmienda decayó con la convocatoria electoral, sin llegar a votarse. No hay norma que examinar. Queda el intento.[1]
El texto de Sumar acotaba el periodo al comprendido entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, con lo que se quedaba más corta que la propia instrucción. Según ABC, los cónsules venían aplicándola también a descendientes de emigrados anteriores a 1936, a los que la enmienda ya no habría alcanzado.[1]
Circuló que el 2 de octubre el Supremo había esquivado la enmienda. El tribunal no resolvió nada ese día. Lo que hubo fue un análisis de El Confidencial, con un titular que su propio texto no sostiene. La enmienda, tal como estaba redactada, no contenía cláusula de retroactividad ni previsión de extender sus efectos a los expedientes anteriores, de modo que, según las fuentes jurídicas consultadas por ese medio, no alcanzaría a los casi 400.000 ya inscritos —la cifra de su titular; su propio texto da cerca de 370.000 a 31 de agosto— y dejaría vivo el procedimiento abierto en el Supremo. La operación cambiaría las reglas hacia delante.[2]
La votación de la Mesa cae en el tramo final de un recorrido de cuatro años. Estas son sus fechas, de 2022 al 29-N.
El frente parlamentario no fue el único.
Los recursos de Iustitia Europa y Vox contra el acuerdo de la Junta Electoral Central, la cautelar del 8-sep y su ejecución —o no— antes del 29-N. Es la vía que habría tocado el censo de verdad.[6][7]
Iustitia Europa ha anunciado que estudia una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE sobre los efectos de la instrucción. Al cerrar esta edición sigue siendo un anuncio y no una presentación.[12]
La repercusión internacional del caso —cobertura de Financial Times, Reuters, Le Monde y prensa iberoamericana y francesa— se recoge en Fuentes.
Las tres vías discuten lo mismo, quién figura en el censo del 29-N, y a ninguna le queda plazo para cambiarlo: la enmienda decayó, la cuestión europea es un anuncio y la cautelar sigue sin ejecutarse. Queda la otra mitad del asunto. Cuántos de los que figuran votarán sin pisar un colegio electoral, y por qué manos pasan esas papeletas.
Numeración según el orden de cita en el texto. Véase también Fuentes.